El gobernador republicano de Tennessee, Bill Lee, promulgó el martes la Ley de Derechos y Responsabilidades de las Familias, que garantiza el derecho de los padres a ser informados y a tener la última palabra sobre las decisiones que afectan a la salud, la educación y la crianza de sus hijos.
La ley afirma que «todos los derechos parentales están reservados exclusivamente a los padres de un niño sin obstrucción ni interferencia de una entidad gubernamental», incluso en las áreas de «crianza», «formación moral o religiosa» y «todas las decisiones sobre atención sanitaria física y mental».
Especifica que estos derechos implican el acceso a «todos los historiales médicos y de salud», así como a los historiales educativos, el «derecho a elegir escuelas públicas, privadas, religiosas o en casa», la posibilidad de excusar a los niños de la escuela por motivos religiosos, la participación en asociaciones de padres y profesores y otras organizaciones escolares, a ser informado de las sospechas de abuso o negligencia por parte de los educadores, y más.
«Un empleado público, que no sea personal encargado de hacer cumplir la ley, no alentará ni coaccionará a un niño para que oculte información a sus padres», dice además la ley. «Un empleado público no ocultará a los padres de un niño información que sea relevante para la salud física, emocional o mental del niño».
News 4 JAX señala que la nueva ley prohíbe facilitar el aborto o las intervenciones de «transición de género» en un menor sin el consentimiento paterno.
«Los padres tienen derecho a implicarse en el bienestar de sus hijos. La industria del aborto no tiene derecho a mantener a los padres en la oscuridad en un momento en que sus hijas son tan vulnerables y podrían estar en peligro, dijo la presidenta de Tennessee Right to Life, Stacy Dunn.
«Los padres son los que mejor quieren y conocen a sus hijos, y tienen el derecho y el deber de dirigir la educación y el cuidado de sus hijos. Sin embargo, los derechos de los padres se han visto mermados por medidas gubernamentales que los excluyen de decisiones fundamentales en materia de educación y atención sanitaria, añadió Matt Sharp, asesor principal de Alliance Defending Freedom. «Esta legislación frena la extralimitación del gobierno al reafirmar el papel de los padres para guiar la crianza, la educación y el cuidado de la salud de sus hijos. Garantiza que los derechos de los padres reciban el mismo nivel de protección jurídica que otros derechos fundamentales, como la libertad de expresión y de religión.»
El adoctrinamiento de los niños con la ideología de izquierdas sobre la sexualidad y otros temas de la agenda izquierdista ha sido durante mucho tiempo una de las principales preocupaciones en las escuelas públicas estadounidenses, desde las bibliotecas a la política deportiva y de baños a los eventos de arrastre a los materiales de clase e incluso la «transición» de los niños con problemas sin la participación de los padres.
Los activistas pro-LGBT y pro-aborto comúnmente desacreditan las protecciones de participación de los padres, pero el peligro de mantener a los padres en la oscuridad sobre tales desarrollos se ilustra sombríamente en la historia de Yaeli Martínez, una joven de 19 años a quien la «transición de género» se promovió como una posible cura para su depresión en la escuela secundaria, apoyada por un consejero de la escuela secundaria que ocultó lo que estaba pasando a su madre. La problemática chica se suicidó en 2019 tras intentar vivir como un hombre durante tres años.
En cuanto al aborto, estas normas impiden que los abusadores sexuales utilicen esta práctica para encubrir y continuar sus crímenes, a veces con el conocimiento y la cooperación de Planned Parenthood.
La Ley de Derechos y Responsabilidades de las Familias refuerza otra ley que Tennessee promulgó el mes pasado y que penaliza directamente la facilitación de abortos de menores sin el consentimiento de los padres. Este año, Lee también ha firmado medidas que exigen información sobre el desarrollo fetal en las escuelas públicas y que permiten a los empleados del gobierno negarse a presidir «matrimonios» homosexuales.
AcaPrensa / LSN / InfoCatólica
