La fiscal general de Luisiana, Liz Murrill, anunció que su oficina va a demandar a la administración Biden por su esfuerzo para forzar el reconocimiento generalizado y la acomodación de la ideología LGTBI en la educación pública, argumentando que la Casa Blanca está en realidad facilitando la «discriminación» en lugar de acabar con ella.
En febrero, el Departamento de Educación (DOE) del gobierno Joe Biden presentó a la Oficina de Gestión y Presupuesto de EEUU su norma definitiva sobre el Título IX. A finales del mes pasado, la administración publicó la norma, que amplía la prohibición del gobierno federal contra la «discriminación» para incluir ahora bajo su paraguas «la discriminación basada en estereotipos sexuales, orientación sexual, identidad de género y características sexuales». Los críticos han advertido de que tiene amplias ramificaciones para los baños, taquillas y programas deportivos específicos para cada sexo, los derechos de libertad de expresión y de conciencia, etc.
El 29 de abril, Murrill anunció que su estado impugnaba la norma del DOE ante el Tribunal de Distrito de EEUU para el Distrito Oeste de Luisiana. A la demanda se unen Idaho, Mississippi y Montana. LifeSiteNews informó anteriormente de que Florida está presentando una demanda por separado.
«El reglamento final perjudica a los estudiantes, padres, profesores, distritos escolares y estados cuyos derechos constitucionales están ahora en peligro, especialmente su derecho a la libertad de expresión», dijo la oficina del fiscal general. «Si la escuela opta por no cumplir, se arriesgan a perder la financiación esencial del Título IX, mientras que al mismo tiempo se enfrentan a demandas del gobierno federal y otros defensores de estos mandatos radicales.
Sin embargo, este es también el resultado si la escuela no cumple adecuadamente, con normas que siguen siendo tan vagas como la propia identidad de género. En otras palabras, la financiación del Título IX se ve amenazada tanto si se cumple como si no, creando una situación imposible para todos los implicados.»
«Todo esto es por una agenda política, ignorando las preocupaciones de seguridad significativas para las jóvenes estudiantes en preescolares, escuelas primarias, escuelas secundarias, escuelas secundarias, colegios y universidades a través de Louisiana y todo el país», dijo Murrill.
Y añadió: «Estas escuelas ahora tienen que cambiar su forma de comportarse y de hablar, y si pueden tener espacios privados para niñas o mujeres. Es enormemente invasivo, y es mucho más que una sugerencia; es un mandato que excede con mucho su autoridad estatutaria. Todo esto viene de gente que ni siquiera sabe definir la palabra mujer. Siempre defenderé a los niños y a las familias de este estado».
Cabe destacar que más de una docena de consejos escolares de Luisiana se han unido a la demanda de Murrill: Consejo Escolar Parroquial de Acadia, Consejo Escolar Parroquial de Allen, Consejo Escolar Parroquial de Bossier, Consejo Escolar Parroquial de Caddo, Consejo Escolar Parroquial de Caldwell, Consejo Escolar Parroquial de DeSoto, Consejo Escolar Parroquial de Franklin, Consejo Escolar Parroquial de Grant, Consejo Escolar Parroquial de Jefferson Davis, Consejo Escolar Parroquial de LaSalle, Consejo Escolar Parroquial de Natchitoches, Consejo Escolar Parroquial de Ouachita, Consejo Escolar Parroquial de Red River, Consejo Escolar Parroquial de Sabine, Consejo Escolar Parroquial de St. Tammany, Webster y West Carroll.
Mientras tanto, las autoridades estatales están ordenando a los funcionarios de educación que hagan caso omiso de las nuevas normas del Título IX. «No acaten estas normas radicales de la administración Biden», dijo el secretario de Educación de Luisiana, Cade Brumley, informó NOLA.
AcaPrensa / LSN / InfoCatólica
