La represión de las instituciones católicas se ha acelerado drásticamente, y sacerdotes, órdenes religiosas e incluso obispos se han convertido en objetivos directos del gobierno de Ortega. Desde su regreso al poder, solo la diócesis de Matagalpa ha perdido más del 60 por ciento de su clero. A nivel nacional, Nicaragua ha visto una reducción del 20 por ciento del clero católico debido a arrestos, expulsiones y exilio forzado.
En una nueva ola de represión contra la Iglesia católica, el gobierno nicaragüense ha expulsado a unas 30 monjas clarisas de sus conventos en Managua y Chinandega, obligándolas a marcharse con sólo unas pocas pertenencias.
Esta última medida bajo el régimen del presidente Daniel Ortega profundiza una situación ya de por sí terrible para la Iglesia en Nicaragua, que ha enfrentado una creciente persecución en los últimos años. La expulsión de las monjas se produce apenas unos días después de que el gobierno se apoderara del Seminario San Luis de Gonzaga en la Diócesis de Matagalpa el 20 de enero.
Decenas de seminaristas estaban presentes en el momento de la confiscación, y la policía les ordenó que se fueran inmediatamente y regresaran a casa. El seminario, una institución vital para la formación de futuros sacerdotes, prestaba servicios en varias diócesis, incluidas Matagalpa y Siuna.
Su cierre forzado señala otro esfuerzo más por desmantelar las instituciones católicas en el país. Este no es un incidente aislado. Apenas unos días antes de la toma del seminario, el gobierno también se apoderó del Centro Pastoral La Cartuja en Matagalpa. Testigos informaron que fuerzas paramilitares irrumpieron en las instalaciones y sacaron por la fuerza a decenas de fieles que asistían a un retiro espiritual.
La represión de las instituciones católicas se ha acelerado drásticamente, y sacerdotes, órdenes religiosas e incluso obispos se han convertido en objetivos directos del gobierno de Ortega. Desde su regreso al poder, solo la diócesis de Matagalpa ha perdido más del 60 por ciento de su clero. A nivel nacional, Nicaragua ha visto una reducción del 20 por ciento de su clero católico debido a arrestos, expulsiones y exilio forzado.
Una persecución sistemática Bajo el gobierno de Ortega, la libertad religiosa se ha erosionado y la Iglesia católica ha sido la más afectada por la hostilidad del gobierno. Desde 2022, el gobierno ha intensificado los esfuerzos para silenciar a la Iglesia mediante una serie de medidas restrictivas, que incluyen la prohibición de las procesiones religiosas públicas, el cierre de organizaciones benéficas y escuelas católicas y la expulsión de misioneros y congregaciones religiosas.
Los medios de comunicación católicos también han sido duramente censurados o directamente clausurados. Quizás el caso de persecución más destacado fue el del obispo Rolando Álvarez de Matagalpa, quien inicialmente fue sentenciado a 26 años de prisión por presunta traición. Después de cumplir un año tras las rejas, fue exiliado a Roma a principios de 2024. Su designado como vicario apostólico, el padre Frutos Valle, también fue arrestado, lo que resalta aún más la determinación del régimen de aplastar cualquier forma de disidencia dentro de la Iglesia.
Mientras tanto, el Papa Francisco ha seguido ofreciendo palabras de apoyo a la asediada comunidad católica de Nicaragua. En una carta pastoral fechada el 2 de diciembre de 2024, recordó a los católicos nicaragüenses: “No olviden la amorosa Providencia del Señor, que nos acompaña y es nuestra única guía segura”.
Un clima de represión más amplio
La represión del régimen de Ortega no se limita a las instituciones religiosas. Los disidentes políticos, los periodistas y los activistas estudiantiles también han enfrentado severas represalias. En 2023, el gobierno exilió por la fuerza a 222 presos políticos, los despojó de su ciudadanía nicaragüense y los envió a Estados Unidos. Muchos de ellos, incluidos líderes de la oposición y figuras de la sociedad civil viven ahora en el limbo, sin poder regresar a su patria.
Miguel Flores, uno de los presos políticos exiliados, expresó la profunda sensación de desplazamiento en una entrevista con National Catholic Reporter: “Ese fue el momento en que nos convertimos en apátridas, sin país, y al final, nuestra libertad no era real porque la verdadera libertad significa poder quedarse en tu propio país”.
Mientras Nicaragua refuerza su control sobre la sociedad civil y las organizaciones religiosas, el destino del clero y los fieles católicos que quedan en el país sigue siendo incierto. Las últimas expulsiones y confiscaciones de propiedades sugieren que el gobierno de Ortega está decidido a neutralizar cualquier institución capaz de desafiar su autoridad, sin importar cuán profundas sean sus raíces en la historia y la cultura de la nación.
AcaPrensa / Enrique Villegas / Zenit
