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El presidente chileno, Sebastián Piñera, ha modificado el protocolo de aplicación de la ley de aborto aprobada bajo la administración de Michelle Bachelet, para facilitar que instituciones privadas apelen a la «objeción de conciencia» y no se vean obligadas a practicar abortos.

A través de un decreto emitido el viernes -a dos semanas de asumir el gobierno-, el Ministerio de Salud eliminó un artículo que hacía alusión a los convenios del Estado con instituciones de salud privada para la realización de abortos en caso de violación, riesgo de vida para la madre e inviabilidad fetal.

El anterior protocolo rescindía los convenios pactados entre el Estado y aquellas instituciones privadas que apelaran a la objeción de conciencia para no practicar los abortos.

El nuevo protocolo reduce también los requisitos exigidos a las instituciones, al excluir la necesidad de justificar «en base a creencias, valores, idearios y la expresión de la relación concreta entre aquellos y sus estatutos» la decisión de objetar.

La ley de aborto aprobada en el Parlamento chileno estableció la objeción de conciencia «personal», pero el Tribunal Constitucional -tras una petición de revisión de la norma por parte de legisladores conservadores- la amplió a cualquier institución.