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La Corte Constitucional ha ordenado recientemente al Ministerio de Salud que presente ante el Congreso, en el plazo de un año, una iniciativa acerca de la aplicación de la eutanasia en mayores y menores de edad; igualmente, solicita al Congreso que, en dos años, emita una ley sobre lo que llama el derecho fundamental de los niños y los adultos a morir dignamente. La Conferencia Episcopal de Colombia se ha pronunciado sobre las preocupantes consecuencias que entrañan estos hechos. Son un paso más en un proceso bien conducido que, entre otros, tiene antecedentes en la sentencia 239 de 1997, en el proyecto de ley 70/2012, en la sentencia 970 de 2014 y en la resolución 1216 del Ministerio de Salud de abril de 2015.

Sin seguir el debido ordenamiento y sin hacer el necesario debate público, para obedecer a proyectos internacionales con intereses ideológicos, políticos y económicos, se insiste en esta conjura contra la vida humana. Se quiere imponer una decisión que compromete convicciones profundas de la mayoría de los colombianos con verdades parciales que, con tinte de cientificidad o de “piedad”, se difunden a través de los medios de comunicación y desconciertan a algunos legisladores, al personal sanitario y a la opinión pública. Es así como se genera confusión para discernir justamente apreciaciones jurídicas, conductas legales y actuaciones éticas, sobre todo en situaciones complejas donde la compasión por el sufrimiento puede poner en penumbra las implicaciones de atentar contra la vida humana.

En esta forma de tomar decisiones y de legislar no se está respetando ni la Constitución de la República ni la separación de poderes que es fundamental en una democracia. No se debe aceptar pasivamente que la Corte dé ordenes al Congrego y al Ejecutivo sobre un tema tan grave, que afectará a millones de personas, como autorizar a los médicos para que ayuden a los pacientes a suicidarse y a los padres de familia para que decidan sobre la vida o la muerte de sus hijos. Estamos dejando pasar decisiones peligrosas que destruyen el orden moral y aun la estructura social y política del Estado. El Estado está para proteger a los ciudadanos y especialmente a los más indefensos; por tanto, los niños y los adolescentes merecen algo mejor que autorizar su sentencia de muerte.

En un sistema de salud tan frágil y permeado de corrupción como el nuestro, es de temer que las autorizaciones para el homicidio muy pronto serán la única “opción de tratamiento” para los más vulnerables y la alternativa más “eficiente” y económica. Bajo el disfraz de humanidad se quiere presentar la eutanasia como una “muerte digna”. La prioridad sería legislar y trabajar para que la gente tenga, no una muerte, sino una vida digna. La corrupción también se apodera del lenguaje para esconder la deshonestidad de la actuación, pues lo que se quiere legalizar no es una ayuda para morir, sino el permiso para matar a otro ser humano. Está mal un país cuando, en lugar de pensar en que todos los ciudadanos tengan acceso a una atención médica de calidad, piensa en eliminar a los más débiles.

Ciertamente, se pueden encontrar formas compasivas para dar tratamientos adecuados, mitigar el dolor y preparar la muerte sin caer en encarnizamientos terapéuticos y sin llegar tampoco a la aprobación de la “muerte por pedido”. En un momento en que buscamos acabar con la violencia, es un contrasentido legalizar la forma de matar con facilidad a los indefensos y a los que sufren; el orden moral de una sociedad en la que los asesinatos son frecuentes no se construye creando instrumentos jurídicos para nuevos asesinatos y abriendo la puerta para que otros, por los motivos que quieran, exijan o se apropien el mismo “derecho”. En medio de tanta confusión y de tantos intereses egoístas, la Iglesia Católica defiende con valentía y coherencia la vida y la dignidad de toda persona humana.