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El obispo Adolfo González Montes se pronuncia sobre la sentencia que obliga a readmitir en su puesto como profesora de Religión a Resurrección Galera, despedida por casarse por lo civil con un divorciado: “Nadie me puede obligar a otorgar la venia religiosa para enseñar Religión.” ¡Albricias, un obispo que se la juega y se niega a acatar una sentencia! Se trata del ordinario de Almería, Adolfo González Montes, y la sentencia obligaba a readmitir en su puesto como profesora de Religión a Resurrección Galera, despedida en el curso 2010-2011 por casarse por lo civil con un divorciado.

Que doña Resurrección tiene todo el derecho a vivir como le dé la gana es evidente en un Estado de Derecho y de libertades; pero que la Iglesia Católica, encargada de la supervisión de lo que es su propia doctrina, tiene el mismo derecho a decidir quién está en condiciones para impartirla también es de cajón. O debería.

Hace poco escribimos aquí mismo sobre la orden ejecutiva de Obama que recientemente derogó Trump y que obligaba a las empresas y corporaciones a pagar los métodos anticonceptivos de sus empleadas, incluyendo métodos que provocan el aborto, y lo saludamos como lo que es: una victoria de la libertad religiosa y de conciencia.

González Montes se ha expresado con claridad y valentía, ha dicho que la sentencia supone una “violación de los derechos fundamentales”, y que “nadie me puede obligar a otorgar la venia religiosa para enseñar Religión”.

Pero no tanto la esperable reacción del purpurado como la propia sentencia, emitida por el Juzgado de lo Social número 1 de Almería, ofrece un pequeño resquicio de lo difícil, por no decir imposible, que va a resultarle a la Iglesia a medio y largo plazo mantener su libertad en un régimen que, más que aconfesional o incluso laico, impone de hecho una ‘religión de Estado’ que, sin embargo, evita ese nombre, y que se extiende y consolida más allá de nuestras fronteras.

La presión para que los católicos ‘pasen por el aro’ y acepten una concepción de la realidad social incompatible con su fe se está dejando sentir desde los Países Bajos, donde los hospitales católicos pueden perder financiación si se niegan a aplicar la eutanasia, a otros donde es penalmente sancionable que un sacerdote recuerde la doctrina cristiana sobre la sodomía.

En España, las nuevas leyes de género, que obligan a afirmar una falsedad cuando imponen la obligación de considerar mujer a un varón o varón a una mujer si el sujeto así se identifica, prometen ser una inagotable fuente de conflictos jurídicos.

Pero la sentencia y su desafío también llaman la atención sobre otro aspecto sobre el que nuestra jerarquía prefiere pasar de puntillas o ignorar totalmente: el enorme grado de dependencia de la Iglesia con respecto al poder civil y la dificultad, si no imposibilidad, de actuar eficaz y valientemente en su misión pastoral en estas condiciones.

La asignatura de Religión, que se ha convertido para la CEE en una especie de “cuestión no negociable” o, aún peor, cuestión permanentemente negociada, expone una situación especialmente delicada, ya que el plan de estudios es responsabilidad de un Gobierno laico, como lo es el pago de los salarios de los profesores.

Y si es fácil para un creyente ver cómo en este y otros muchos casos similares se da un ejemplo clamoroso de falta de idoneidad en la profesora, también lo es para el estamento político argumentar que se trata de un caso de discriminación y que la vida privada de la profesora es eso, privada y ajena a su capacidad para impartir la asignatura.

Y doña Resurrección tendría más razón que un santo si la Religión fuera eso que pretenden los obispos que sea, una asignatura en lugar de ser catequesis, que es de lo que se trata. Aquí ya hemos mencionado que la formación cristiana de los hijos debería ser responsabilidad de sus padres y de los catequistas en quienes ellos confíen, y que la existencia de la asignatura de Religión actúa como coartada para librarse de esa obligación y, como vemos una vez más, herramienta de presión intimidatoria sobre la jerarquía.